La unión económica entre Benidorm (Alicante) y los numerosos británicos que pueblan la zona con mayor o menor asiduidad, se ve tambaleada ante la próxima celebración del Brexit. El 23 de junio es la fecha escogida por la burocracia administrativa de Reino Unido, para que sus ciudadanos tomen una de las decisiones más importantes de su vida.
El Brexit consiste en un histórico referéndum, en el que los ciudadanos británicos deben decidir, nada menos, que si permanecen o no dentro de la Unión Europea. La decisión, como es lógico, tiene repercusiones tanto positivas como negativas para cualquier resultado que termine saliendo, ya que el mero hecho de plantear algo tan importante, demuestra la desconfianza que política, economía y sociedad inglesas plantean con respecto al modelo general de negocio del euro.
Esto no sólo afecta a los propios ciudadanos británicos que, por descontado, tendrán que aprovechar y sufrir las consecuencias derivadas de la decisión que se tome el 23 de junio, sino que también influye a aquellos lugares o empresas que tengan una notable relación directa con este grupo poblacional.
En lo que repecta a los británicos en Benidorm, se han convertido en la segunda comunidad extranjera más importante del municipio, en total 3.409 personas que están inscritas en el censo con nacionalidad británica pero con claras intenciones de quedarse en Benidorm. En lo que respecta a esta localidad, la población británica supone nada menos que el 12,52% de la población, una cifra considerablemente importante como para tener en cuenta la decisión que tomen con respecto al Brexit planteado.
Lo que desea la administración pública de Benidorm es que estos ciudadanos británicos afincados en España puedan participar activamente de la votación, algo que está prohibido de todas formas para aquellos ciudadanos que hayan pasado más de 15 años fuera de su país.
Obviamente, el deseo final es que el Brexit no salga adelante, porque de la misma forma que lo han denunciado varios sectores antes, el correspondiente a los inmuebles presentes en la Comunidad Valenciana se verían directamente afectados por un notable incremento del precio que, supuestamente, haría rebajar los beneficios anuales de alquiler o compra-venta expuestos, salvo que ocurriese un cambio radical en el concepto y se fomentase un alquiler o una compra pese a que los precios se incrementen, algo que parece claramente improbable.
