Bajo la presión de los mercados, la comunidad y las instituciones internacionales, las autoridades españolas han adoptado desde mediados de 2010 las primeras medidas de austeridad fiscal que han llevado a una reducción del déficit modesto (mejora de 1,5 puntos porcentuales del PIB entre 2009 y 2010).
Desde que asumió el cargo a finales de 2011, el Gobierno anunció un primer paquete de medidas de urgencia y aprobó un presupuesto de austeridad para lograr un objetivo de déficit imposible de alcanzar sin hacer grandes esfuerzos no sólo como individuos, sino como país.
Cómo hemos llegado aquí
Las numerosas medidas para lograr este objetivo incluyen en particular: un aumento significativo de impuestos (hasta 3 puntos (desde 18 hasta 21%) de la tasa general del IVA, sujeto a la aumento de la tarifa reducida Temporal de la escala del IR, lo que limita muchas deducciones relativas a IR y es; el aumento de los impuestos sobre el tabaco, etc.); una moderación de los salarios públicos (contratación de congelación y los salarios, supresión de la prima de los funcionarios “extra” en diciembre de 2012); la eliminación de la mayoría de los subsidios a la contratación y beneficios de desempleo.
Contribuyeron también, en este sentido, un mayor control sobre el gasto local, por un lado, con reformas específicas en materia de salud y educación, así como un extenso plan de racionalización de habilidad a cargo de cada nivel de las Comunidades Autónomas.
Todas estas medidas fueron vistas con buenos ojos por nuestros acreedores, que encontraron esperanza en este paquete de austeridad. Estaba llegando el momento en que su rescate a España se viera al fin recompensado.
El Consejo Ecofin finalmente autorizó un objetivo de déficit público más razonable, gracias al cual España disfruta de un período de dos años más para alcanzar el objetivo del déficit público por debajo del 3% del PIB.
Los nuevos objetivos pasan por alcanzar el -2,8% en 2016. La cuestión de la financiación de las comunidades autónomas sigue siendo un tema delicado para el gobierno, en un contexto de renovadas tensiones con Cataluña.
Hacia dónde vamos
Como parte de las recomendaciones europeas en el marco del Semestre Europeo, el Gobierno también ha puesto en marcha un programa muy ambicioso de estructurales reformas, ampliado varias veces.
Muchas de las disposiciones se han hecho para hacer el mercado laboral más flexible, mejorar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, fortalecer el control financiero de las Comunidades Autónomas, salvar el déficit tarifario en el sector energético y racionalizar la acción pública y la asistencia a la iniciativa privada.
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